Mientras los vendedores estacionarios que obtuvieron un espacio en la Avenida del Río y La Playa deben cancelar a la administración municipal una suma cercana a los 450 mil pesos por concepto de alquiler y vigilancia durante la época de alumbrados, los comerciantes informales del centro pagan hasta dos millones en extorsiones a las bandas delincuenciales que hacen presencia en ese sector de la ciudad.

Las denominadas “convivir” le exigen a los comerciantes una cifra entre 500 mil y 2 millones de pesos “para dejarlos trabajar durante la época de alumbrados”

Esa cifra la revela el secretario de Seguridad de Medellín, Iván Darío Sánchez, aunque aclara que parte de “versiones de calle” de los mismos vendedores y no de una investigación o un estudio concreto sobre el fenómeno de la extorsión durante la temporada.

La extorsión y la presión de los grupos armados que operan en el centro sería el problema de fondo tras los desmanes del pasado martes en los alrededores del Parque de Berrío, cuando un grupo de vendedores informales bloqueó vías y se enfrentó a la Policía como respuesta a los operativos de control de espacio público que se adelantan en la zona.

El mismo martes, el vicealcalde de Gobernabilida de Medellín, Luis Fernando Suárez, aseguró que esos operativos tratan de “evitar que los delincuentes vendan o comercialcen el espacio público” y aseguró que las protestas fueron una respuesta liderada por las organizaciones ilegales ante la intervención de las autoridades.

Esa versión la respaldó el secretario Sánchez y aunque no precisó cuáles serían las organizaciones que operan bajo la modalidad de “arrendar el espacio público”, reconoció que se trata de un fenómeno con antecedentes de vieja data que se intensifica en el centro de la ciudad durante los periodos de mayor movimiento comercial.

“Los actores ilegales historicamente han vendido espacios en el centro y dada la intervención articulada que iniciamos en octubre, los actores ilegales no han podido cumplirle a sus supuestos clientes”, dijo el funcionario.

Por su parte, Luis Guillermo Pardo, presidente del Centro Consultoria de Conflicto Urbano (C3), dijo que según los datos de esa organización no gubernamental, en diciembre y en épocas cuando se realizan grandes eventos de ciudad, las organizaciones armadas pueden duplicar el costo de las “vacunas” que cobran al comercio informal.

“Si normalmente cobran entre 5 y 20 mil pesos semanales, en diciembre esa cifra puede llegar a 50 mil”, dice Pardo.

Agrega que son muchas las actividades informales que deben someterse a las extorsiones en el centro, el cobro depende de los ingresos que generan. La cifra es diferente para una persona que limpia parabrisas en un semáforo y para quien ubica un puesto para ventas de cualquier tipo.

“El contexto es que tenemos un centro vacunado, es un negocio que deja unas rentas anuales de 37 mil millones de pesos, solo en la comuna 10. Ese cobro incluye en teoría la seguridad y el uso del espacio público”, dice Pardo.

El fenómeno de la extorsión como detonante de las protestas se suma al descontento que generó la adjudicación de los puestos para las ventas en la zona de los alumbrados, espacios que a juicio de algunos de los vendedores que no fueron seleccionados, privilegió a grandes cadenas y no a quienes tradicionalmente han trabajado en los puntos de mayor circulación turística durante diciembre.

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