Ahora la Interpol debe decidir si acepta la propuesta de emitir la circular roja contra Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura.

La Corte Suprema condenó en julio de 2014 a Arias a 17 años y medio de prisión y a pagar una multa de 25.000 millones de pesos por entregar subsidios agrarios a familias adineradas.

Esos fondos debían haberse dirigido a campesinos afectados por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que en ese tiempo se negociaba entre los dos gobiernos.

Arias, conocido como “Uribito” por su cercanía con el expresidente y ahora senador, fue encontrado culpable por la justicia de apropiación indebida a favor de terceros en el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), el nombre del programa oficial de subsidios que puso en marcha el Gobierno de Uribe cuando negociaba el acuerdo comercial.

Tras la sentencia, Arias huyó del país, presumiblemente a Estados Unidos, para evitar la condena en su contra.

Tanto el expresidente Uribe, como el director de su partido, Centro Democrático, y excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, afirmaron en su momento que la sentencia es resultado de una “persecución política”.

El caso de Arias, no es el único de los que azotan a la oposición uribista, ya que tanto Zuluaga como su hijo David fueron llamados a declarar sobre sus vínculos con el pirata informático Andrés Sepúlveda, detenido desde mayo pasado, en plena campaña electoral, por hacer espionaje al proceso de paz.

Asimismo, la exdirectora del ahora liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue hallada culpable por la Corte Suprema de Justicia de una trama de seguimientos y escuchas ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos, también ocurridos bajo la presidencia de Uribe.

El que fue alto comisionado de Paz bajo el Gobierno de Uribe, Luis Carlos Restrepo, también buscó refugio, al parecer en Canadá, tras ser acusado de organizar el montaje de una falsa desmovilización de 62 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2006. EFE