El 28 de agosto el Gobierno Nacional expidió el decreto 1739 mediante el cual estableció un aumento en el salario de los congresistas del 4,66 por ciento. Con la medida los padres de la patria pasarán de ganarse mensualmente 24.7 millones a 25,8 millones, lo que representa un aumento de 1,1 millones.
Con el aumento en sus salarios los 266 legisladores, entre representantes y senadores, que tiene el Congreso de la República le costarán a los contribuyentes casi 7.000 millones de pesos al mes y unos $82.353 millones al año.
Pero más allá de entrar en el debate de si el sueldo de los parlamentarios es muy alto, el análisis, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, se debe centrar en la proporcionalidad que existe entre el trabajo que realizan y su remuneración.
Para el constitucionalista de la Universidad del Rosario, Manuel Quinche, el aumento manda un mal mensaje a la opinión pública, teniendo en cuenta la coyuntura que atraviesa el país con el dólar disparado y la crisis en la frontera, por lo que calificó el decreto como desafortunado y desproporcionado.
“El de los parlamentarios es un cargo político entonces no tienen propiamente una jornada como la tendrían otros cargos. Dentro de esa comprensión lo que tenemos es otra evidencia del problema estructural que hay de fondo y es el poco interés de algunos sectores del Congreso en los asuntos de importancia nacional, muchos ni siquiera van a allá a trabajar entonces el asunto no es qué tan alta es su remuneración sino el real compromiso que tienen en asumir los debates que necesita el país y hacer su tarea”, agregó Quinche
Por su parte el representante a la Cámara por Antioquia , Federico Hoyos, de la bancada del Centro Democrático una de las más disciplinadas del Congreso, coincidió con Quinche en afirmar que este no es el momento para decretar un alza en los salarios de los congresistas sobre todo teniendo en cuenta “los bajos índices de popularidad que tiene el Congreso y la crisis por la que están atravesando nuestros compatriotas expulsados de Venezuela por el dictador Nicolás Maduro”.
“Las labores del Congreso son hacer debates de control político, aprobar el presupuesto nacional y hacer las leyes de la República y esa es una función de la más alta importancia, pero si esto no se retribuye con la disciplina de las bancadas en la asistencia y en los ánimos propositivos de los debates, la ciudadanía ve esto como un aumento injustificado”, acotó el representante Hoyos.
Angélica Lozano de la Alianza Verde, otra de las representantes más juiciosas en su labor legislativa, calificó la medida de “inoportuna, injusta e indolente con la situación económica del país, partiendo de la base de que la gran mayoría de colombianos están en la informalidad y otra parte apenas gana un salario mínimo”.
Lozano, advirtió que no se debe aprovechar esta medida para hacer shows mediáticos ni populistas, por lo que aseguró que más que negarse a recibir este aumento, le solicitará a sus colegas no adoptar el decreto.
“Hay que decir que ese aumento se hace cada año, esto no lo aprobó este Congreso ni el gobierno, pero los congresistas debemos tener la empatía y la responsabilidad ciudadana de congelar los salarios, por eso lo que yo propongo es que en la plenaria que es donde estamos todos se discuta la posibilidad de que este reajuste no se adopte”, puntualizó Lozano.
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