Colombia decidió no seguir el ejemplo de Brasil, que en 2003 aprobó una ley que prohibió el porte, con algunas excepciones, de forma permanente.

Posiblemente el gobierno colombiano haya tenido en cuenta el reporte de Naciones Unidas de 2015, que da cuenta de que en su vecino país, a pesar de esa norma, los muertos por armas de fuego alcanzaron las cifras más altas de su historia en 2012.

En Colombia ya se habían sido impuesto prohibiciones similares, pero menos prolongadas y a nivel distrital, como por ejemplo en Bogotá.

Y el gobierno nacional había implementado una restricción de ese tipo entre el 23 de diciembre pasado y el 31 de enero, es decir, de apenas algo más de un mes.

“Los resultados que nos ha dado la policía en cantidad de vidas que se han ahorrado por esa decisión (…) es positivo”, dijo el presidente Juan Manuel Santos al dar un balance de la medida, antes de que se cumpliera su plazo de vigencia.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lo describió en cifras: al 20 de enero se había registrado, dijo, una reducción del 13% en casos de homicidio (146 muertes violentas menos) respecto al mismo período de un año atrás.