La tensión está hoy más latente que nunca en Brasil, sumida en escándalos de corrupción, interceptaciones telefónicas al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y la posesión de éste como ministro del gabinete de Dilma Rousseff, interpretado por muchos como una estrategia para evitar su encarcelamiento en medio del escándalo del desvío de dinero en la estatal petrolera Petrobras. Ahora, el nuevo capítulo va por cuenta de la decisión de un juez de este país que suspendió la posesión del expresidente de forma provisional, tan sola unas horas después del acto público de formalización.

“Interrumpo el acto de nominación del señor Luiz Inacio Lula da Silva para el cargo de Ministro de Estado jefe de la Casa Civil o cualquier otro que le otorgue prerrogativa de foro”, señaló el juez Itagiba Catta Pretaen su fallo que ahora deberá ser evaluado en instancias superiores.

La determinación, sin precedentes en la historia de Brasil, abre un nuevo capítulo en las pesquisas por la investigación denominada ‘Lava Jato’ (lava autos), por la que Lula tuvo que declarar por más de tres horas ante las autoridades brasileñas hace cerca de 15 días. Y es que fue precisamente ese el argumento de la oposición brasileña para presentar una demanda con el fin de frenar la posesión de Lula, recordando que éste ha sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. (Lea: Lula, el superministro)

Pero el golpe no iría solamente dirigido a Lula. Dilma Rousseff también habría incurrido en una falta, según el dictamen de Catta Pretaen, que indica que la mandataria ha incurrido en un delito de “responsabilidad” ya que la ley prohíbe al mandatario nacional cometer actos contra “la probidad” de la administración pública.

De hecho, el impacto del nombramiento de Lula como ministro ya se había visto opacado por la filtración de escuchas telefónicas al expresidente en las que hablaba del envío de una carta con el decreto de su nombramiento para que pudiera “usarlo en caso de necesidad”. Una charla que despertó todo tipo de reacciones de opositores y oficialistas.

Los detractores de Rousseff interpretaron el hecho como una astuta maniobra para blindar bajo el fuero político a Lula, lo que evitaría su captura. De su lado, los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) calificaron como ilegal las chuzadas a las llamadas del exmandatario y como un intentó más de darle un golpe a la izquierda de Brasil.