Bogotá, 02 de Septiembre del 2026.- No salimos del asombro ante el anuncio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) de “sumar esfuerzos” con la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en Cuba, para impulsar “educación, investigación, capacitación y conocimiento en favor de los derechos humanos y de la cultura de paz”.
No se trata de un gesto de cooperación académica, sino de la legitimación política de un sistema universitario que, durante décadas, ha utilizado la matrícula, la cátedra y el título como instrumentos de castigo ideológico.
La Universidad de Las Villas figura, según la documentación acumulada por el Observatorio de Libertad Académica y por medios independientes, entre las instituciones cubanas con más casos de expulsión y hostigamiento por motivos políticos.
En 2017, expulsó a la estudiante de Periodismo Karla María Pérez González por pertenecer a un movimiento cívico y ejercer la libertad de expresión, y a la profesora Dalila Rodríguez González por “actitudes” políticas. El rector Andrés Castro Alegría firmó esas decisiones. La oficialista Federación Estudiantil Universitaria (FEU) proclamó que “el estudiantado universitario no aceptará jamás la contrarrevolución dentro de nuestras Universidades”. Esa no es pedagogía de derechos humanos, sino la doctrina de “la universidad solo para los revolucionarios” aplicada con sello institucional.
El patrón no empieza en Las Villas, ni en 2017. En 2002, en Camagüey, las autoridades y el Instituto Superior Pedagógico José Martí expulsaron a estudiantes por firmar el Proyecto Varela, una iniciativa ciudadana amparada en la propia Constitución. Entre ellos estaban Roger Rubio Lima, Yoan Columbié Rodríguez y Harold Cepero Escalante. Los sacaron del aula entre gritos, amenazas y un acto de repudio. El presidente de la FEU en Camagüey lo dijo sin disimulo: “nosotros nos paramos encima de la Constitución”. Harold Cepero murió el 22 de julio de 2012 junto a Oswaldo Payá. En 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado cubano es responsable de esas muertes.
En 2003, la Universidad de Pinar del Río cesó al profesor de Derecho Yaxys Dallan Cires Dib —hoy director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)— después de que firmara el Proyecto Varela y se negara a plegarse al ritual político. La Seguridad del Estado dictó el criterio; la universidad ejecutó. No hubo debido proceso. El mensaje fue explícito: “quien no defienda las conquistas de la Revolución, no es idóneo para enseñar”.
Ese es el sistema con el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México dice querer construir una “cultura de paz”.
Las instituciones internacionales y nacionales de derechos humanos no pierden dignidad cuando denuncian a un gobierno incómodo, sino cuando eligen a sus víctimas, según el mapa geopolítico del momento. Una defensoría que firma convenios de “derechos humanos” con universidades de un Estado que condiciona el derecho a la educación a la lealtad ideológica, deja de ser contrapeso y se convierte en un aparato de lavado reputacional.
Cuba no es un “socio imperfecto” en materia de derechos humanos. Es un violador sistemático. Lo documentan Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatorías de la ONU, el propio registro de presos políticos y los informes del OCDH. Pretender lo contrario no es “mirada crítica del Sur”. Es alineamiento.
El caso mexicano no es una excepción pintoresca. Forma parte de un deterioro más amplio. Demasiados organismos nacionales, redes interamericanas y foros multilaterales han sustituido el estándar universal —la persona frente al poder— por un estándar de bando: se denuncia con rigor al adversario ideológico y se diluye, se relativiza o se “contextualiza” al aliado. El resultado es previsible. Las dictaduras aprenden que basta con invocar el bloqueo, el imperialismo o la “cultura de paz” para comprar silencio. Las víctimas aprenden que su sufrimiento solo cuenta si encaja en la narrativa de quien otorga el micrófono.
No discutims el derecho de México a relacionarse con Cuba, sino que se use el nombre, el presupuesto y el mandato de una defensoría del pueblo para blanquear a universidades que han convertido la libertad de pensamiento en causal de expulsión.
* ALEJANDRO GONZÁLEZ RAGA es exprisionero político y director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). www.observacuba.org
